Ayer asistí a una conferencia en la Casa de América a cargo de Jaime Bermúdez Merizalde, Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. En la exposición de poco más de media hora, el Cancieller expuso de manera muy clara y concisa la evolución de la política interior del país, así como los "avances y logros" que se han dado en materia de política exterior bajo el gobierno de Álvaro Uribe.
El ministro habló del surgimiento de las FARC y el ELN en los años 1960 y de cómo posteriormente nacieron, facilitados por un Estado débil, los grupos paramilitares conocidos como "justicia privada". Además Bermúdez Merizalde expuso con números el dramatismo de los miles de homicidios, secuestros (o "pescas milagrosas") y el peligro que sufren cientos de municipios donde el Estado no tiene ninguna presencia.
Pero cuando la exposición evolutiva llegaba al año 2002, el ponente empezó a enumerar todos los logros que se habían dado con el gobierno de Uribe, el cual dijo que se basaba en tres pilares: seguridad, inversión y cohesión social. Así, afirmó que Uribe abordó el tema del narcotráfico por una doble vía: el combate firme y directo contra los grupos guerrilleros, así como el apoyo a todo aquel que quisiera abandonar las armas. Según Bermúdez Merizalde, desde 2002, 48.000 personas han dejado las armas (30 mil de las cuales eran paramilitares, y el resto guerrilleros de las FARC y ELN). Y afirmó que todo ello, junto con otras acciones, ha hecho que los colombianos volvieran a recuperar la confianza en sus instituciones y en su país.
A pesar que el Ministro reconoció que aún queda mucho por hacer en el terreno de la violación de los Derechos Humanos en Colombia, su valance final fue positivo, animando a la comunidad internacional a invertir más y a viajar más al país andino, con el fin de mejorar la imagen que se tiene y ayudar al país a crecer economicamente.
Sin embargo, Amnistía Internacional (http://thereport.amnesty.org/esl/regions/americas/colombia) continúa denunciando las numerosas y escandalosas violaciones de Derechos Humanos que se producen en el país andino año tras año. En un informe de 2007 AI reconoce ciertos avances en esta materia (un descenso de las muertes civiles) alerta que todavía persiste el conflicto entre los grupos guerrilleros y paramilitares, el cual sigue produciendo miles de homicidios, secuestros y un peligroso espiral de violencia.
Con todo ello, uno de los principales problemas que tiene Colombia (junto con otros países latinoamericanos) es la impunidad, que según AI sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos contra los DDHH. Aunque se registraron progresos en varios casos paradigmáticos, en otros muchos no hubo avance alguno en la determinación de responsabilidades en la cadena de mando. En este sentido, tanto las autoridades colombianas con Uribe a la cabeza (habrá que ver si el Congreso y el Tribunal Constitucional y, finalmente, el pueblo colombiano le permiten presentarse a una tercera reelección), como toda la comunidad internacional tienen una enorme responsabilidad moral para abordar el problema de la impunidad en los abusos contra los derechos humanos en cualquier rincón del mundo. Sin castigo a los que violan los derechos humanos y a sus cómplices, nunca parará la violencia en Colombia, para desgracia de todos y todas.
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